Crece la venta ilegal de animales misioneros en ferias de Buenos Aires

La venta de un monito recién nacido a $700 o de un pichón de tucán a $500 en la Feria de La Salada o en el barrio porteño de Pompeya empezó hace diez años como algo exótico pero la demanda creció tanto que hoy también se ofrecen ilegalmente  en algunas veterinarias e inclusive en los sitios de compra y venta de Internet. El tráfico ilegal de animales que nace en la selva misionera y termina en Buenos Aires o en otras ciudades el país,  es  una grave amenaza  para la biodiversidad de la tierra colorada y un negocio millonario que crece gracias a la falta de controles gubernamentales y a la poca conciencia social de la población sobre la vida y los derechos del reino animal.  
Desde la Dirección de Fauna Silvestre de la Secretaria de Ambiente de la Nación señalaron a El Territorio que “el tráfico de fauna es una actividad ilegal que ocupa a nivel mundial el tercer lugar luego del tráfico de armas y drogas”.
Misiones figura como una de las principales provincias proveedora de diversas especies animales que son arrancados brutalmente de sus ecosistemas naturales para ser vendidos al mejor postor en diversas ferias que funcionan en esta ciudad y en el conurbano bonaerense.
La feria de Pompeya, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, es uno de los sitios claves donde se puede ver el maltrato al que son sometidos los animales robados de la selva misionera y traídos hasta este lugar donde son vendidos por precios que van desde los $100 a los $1.000. Otro lugar que funciona casi como un ‘supermercado’ de animales es la Feria de Pájaros de Villa Domínico, en el partido bonaerense de Avellaneda, donde se puede comprar una amplia variedad de aves, muchas de ellas traídas ilegalmente desde la tierra colorada, como por ejemplo las especies aquí conocidas vulgarmente como lorito misionero, sairi siete colores, paraguayito hablador y tucanes.
También la popular feria de La Salada tiene un sector lleno de jaulas con monitos y botellones de plástico con las crías de yacaré, pitones y lagartos que se ofrecen como si fueran objetos de decoración. Esa oferta tan cruel como creciente  también  llegó a la red Internet y en cualquiera de los sitios de compra y venta se pueden conseguir diversos animales, que se venden como si fueran cosas,  a pesar de estar  protegidos por legislación específica que prohíbe su comercialización.
Pero además de la formalidad de la legislación, también hay una cuestión de sensibilidad humana que debiera entender que esos animales no lograrán sobrevivir de manera saludable en otro medio que no sea su hábitat natural porque no se trata de especies domésticas.
Ese es el punto que destacan las asociaciones de ambientalistas y de defensa de los animales cada vez que se aborda esta problemática. Dicen que “es necesario trabajar  en la concientización de la gente  para que sepamos que no todo animal es doméstico y que si se desea adoptar una mascota hay que consultar antes a un veterinarios y nunca comprarla porque no se trata de un objeto decorativo sino de un ser viviente que demandará cuidado y protección”.
Según advierten las asociaciones de protección de animales  “cada animal sacado de su medio natural ya está siendo condenado a  una muerte segura, muchos mueren a los pocos días de haber sido capturados porque los hacinan en jaulas comunes y los someten a un tortuoso viaje. Los que sobreviven hasta ser vendidos, tampoco logran adaptarse nunca a una vida doméstica”.

Los más vendidos
Entre los animales más requeridos en esta actividad ilegal, figuran los monos caí, carayá y mirikiná también conocidos como monos de noche, las víboras  y un amplio abanico de aves entre las que sobresalen el tucán, los loros y los pequeños pájaros multicolores, tan típicos de la selva misionera.
Estos animales son cazados en sus lugares de origen  y luego encarcelados en jaulas en las que son transportados por traficantes hacia las ciudades donde viven los compradores.
Para tratar de frenar la caza indiscriminada y el comercio ilegal de animales, en 1973 se firmó un acuerdo denominado Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre que se conoce con la sigla en ingles Cites, al cual nuestro país adhirió por ley en el año 1.981. También en ese año el Congreso Argentino sancionó la Ley 22.421 que establece el sistema de protección y conservación de la fauna silvestre que reglamenta la caza, el hostigamiento, la captura y destrucción de crías, huevos, nidos y guaridas, la tenencia, la posesión, el transito, el aprovechamiento, el comercio y transformación de la fauna silvestre y sus productos, como por ejemplo las pieles”.
Hospital de animales
El médico veterinario Gustavo Gachen es un veterinario que se desempeña como curador general de bioparque Temaikén y a sus manos llegan constantemente animales oriundos de la selva misionera, que fueron capturados por delincuentes dedicados al tráfico ilegal de especies pero finalmente incautados por autoridades federales. Según explicó el doctor Gachen a El Territorio “en general estos animales llegan en muy malas condiciones sanitarias y muy lastimados porque la tortura comienza en el momento en que son cazados en su hábitat natural y continúa durante todo el viaje hacia Buenos Aires, donde generalmente los mezclan en jaulas comunes”.
En ese sentido, Gachen explicó que por ejemplo en el caso de los monos, que es una de las especies más traficadas desde la tierra colorada, “la masacre comienza en el mismo momento en que los cazadores matan a la madre que está con la cría sobre algún árbol, para  poder atrapar a los recién nacidos. Allí sucede que muchos caen y mueren en ese mismo acto y los que sobreviven son tomados cautivos”.
Seguidamente el profesional indicó que “es muy grande el daño que se le causa al animal cuando se lo saca de su entorno natural, porque no sólo se lo daña físicamente en el momento sino que al tenerlo tanto tiempo en cautiverio, después por más recuperado que podamos tener a ese animal ya nunca más podrá volver a esa selva porque perdió gran parte de su instinto para sobrevivir allí, por lo tanto es un daño para toda la vida”.
En el hospital de animales del bioparque Temaikén, los veterinarios se esfuerzan no sólo en tratar de curar a los animales lastimados que allí llegan, sino además en brindar esa información a todos los visitantes de ese zoológico, como una forma de concientización social del problema.
Esa actividad se denomina ‘Historias Veterinarias’ y son charlas de diez o quince minutos que los médicos veterinarios brindan al público para contarles cuál fue el origen de la lesión que sufrió el animal, qué practica medica se le realizó para rehabilitarlo y cómo suponen que podrá ser la vida de esa especie en el futuro.
“La idea es tratar de generar una conciencia social que evite que cualquier animal pueda ser comprado o vendido como si fuese un juguete, porque son seres vivos que merecen crecer en sus lugares naturales y ser respetados por los hombres”, expresó Gachen.
Actualmente en el bioparque Temaiken, que funciona en la localidad bonaerense de Escobar hay un grupo de 5 monos carayá, que se supone fueron cazados en la selva misionera y que llegaron al hospital de animales porque fueron rescatados del comercio ilegal.
Se trata de dos hembras y tres machos que luego de ser estabilizados fueron liberados en una zona del bioparque especialmente adaptada como si fuese la selva para que estén lo mejor posible. Estos cinco monos carayá son actualmente ‘embajadores’ del bioparque y una de las atracciones centrales de las pasadas vacaciones de invierno donde fueron vistos por todos los visitantes que recibe el bioparque.

Del cazador al consumidor
El delito de tráfico ilegal de animales involucra al menos cuatro actores principales: los cazadores, las redes de tráfico, los clientes o consumidores y las autoridades oficiales, como por ejemplo las áreas de ecología de las provincias o de la Nación y las fuerzas de seguridad que patrullan las rutas, que debieran impedir que este delito se concrete. Los cazadores son las personas que capturan las especies en sus lugares naturales, que son generalmente personas de la zona que saben meterse en los ecosistemas donde habitan los animales.  Se inician en el delito ante la  oferta de una paga por traer tal o cual animal de la selva por unos pocos pesos. Luego están las redes de tráfico que compran sus presas a los cazadores y las trasladan a las ciudades donde son vendidos por cifras mucho más altas de lo que pagaron al cazador local.
Otro de los eslabones esenciales de esta cadena de complicidades es el consumidor, que es el cliente que paga por tener en su casa o bajo su propiedad a estos animales. “En la mayoría de los casos es gente común que quiere un pajarito para su casa y por desconocimiento compra uno que quizá está en extinción, en vez de conseguir otro en el mercado legal”, explicó el veterinario Gachen.
Finalmente el cuarto actor imprescindible para que este delito siga creciendo son los estados municipal,  provincial y nacional, que a través de sus áreas de fauna y de  las propias fuerzas de seguridad, debieran velar porque este grave flagelo a nuestro ecosistema natural no se siga concretando. “Porque para traer un grupo de 10 o 20 monitos desde Misiones hasta Buenos Aires hay que pasar por muchos lugares de control y no puede ser que nadie vea esos cargamentos” señalaron desde las asociaciones de defensa de animales.

Por Daniel Cortez
danielaroxanacortes@gmail.com

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